«El servicio de Justicia está dirigido a los ciudadanos.» La frase pertenece a Alberto Fernández, presidente del Colegio de Abogados de Río Cuarto (CARC), y resume con precisión el núcleo de un conflicto que lleva más de un año golpeando el funcionamiento de los Tribunales locales. Detrás de la discusión salarial entre los trabajadores judiciales y el Estado provincial hay un actor que rara vez aparece en los comunicados oficiales: el ciudadano que espera una sentencia, una cuota alimentaria, el cierre de una sucesión.

Las propias entidades profesionales lo vienen advirtiendo en sus comunicados conjuntos. «Resulta indispensable generar ámbitos de entendimiento que permitan alcanzar acuerdos que contribuyan a superar la situación actual, resguardar el adecuado funcionamiento del servicio de Justicia y atender las legítimas inquietudes de los distintos sectores involucrados», señalaron. Y agregaron un dato que cualquiera que transite Tribunales puede confirmar: a la tensión gremial se suman dificultades operativas y tecnológicas que vienen comprometiendo el normal funcionamiento del servicio, profundizando las demoras y afectando directamente el ejercicio profesional de abogados y abogadas.

Para entender el conflicto desde todos sus ángulos, se consultó a cuatro protagonistas que lo viven desde lugares muy distintos: el presidente del Colegio de Abogados, la titular de la Comisión de Jóvenes Abogados, un trabajador judicial con rol gremial y una referente de la organización que nuclea a los autoconvocados. Ninguno habló en términos de victoria. Todos coincidieron en lo mismo: el desgaste es real, y la única salida posible pasa por el diálogo.

Alberto Fernández: «Los ciudadanos pagan el costo más alto»

Alberto Fernández asumió hace poco la presidencia del Colegio de Abogados de Río Cuarto y, casi de inmediato, tuvo que tomar una decisión difícil: convocar a sus matriculados a una manifestación pacífica frente a Tribunales. La idea, el 9 de junio, fue visibilizar una situación que venía sucediendo desde hacía tiempo: el mal funcionamiento del servicio de Justicia y las sucesivas medidas de fuerza. No para elegir un bando ni señalar culpables, sino para reclamar algo que en apariencia debería ser lo más básico: diálogo.

«No somos tibios», afirma Fernández. «Elegimos no tomar partido porque nuestro deber es otro: defender el funcionamiento del servicio de justicia.» Y es categórico respecto del rol institucional que entiende debe cumplir el Colegio: «No es un club de amigos; no somos parte de este conflicto más que para visibilizar la situación.»

La convocatoria del 9 de junio, según relata, fue acompañada por buena parte de los matriculados y permitió poner en palabras una inquietud que venía creciendo silenciosamente en los pasillos de Tribunales. «Los matriculados han manifestado que les pareció bien esta medida. Sirvió para visibilizar el problema y la preocupación que todos tenemos por la situación del Poder Judicial, la paralización prácticamente del Poder Judicial por la medida de acción gremial.»

El conflicto lleva meses y acumula numerosas jornadas de medidas de fuerza. Sin embargo, Fernández insiste en que la discusión no debe reducirse a una puja entre trabajadores y autoridades. Sobre quién paga el costo más alto de esta crisis, no duda: «Los ciudadanos.» Y repite la frase que abre esta nota:

«El servicio de justicia está dirigido a los ciudadanos.»

Detrás de cada expediente detenido hay personas concretas: madres esperando alimentos, víctimas aguardando reparación, trabajadores despedidos, familias intentando concluir una sucesión. Por eso, cuando Fernández habla de una salida, vuelve una y otra vez sobre la misma palabra. «Lo fundamental es que las partes abran una mesa de negociación y eso es lo que reclamamos.» Y profundiza: «El diálogo implica apertura. Apertura para escuchar al otro. Plantear también las posiciones con firmeza, pero con cierta flexibilidad para superar una situación conflictiva.» No reparte responsabilidades de manera explícita entre el Tribunal Superior de Justicia y el Ejecutivo provincial, pero deja en claro que quienes tienen capacidad de decisión deben asumir la responsabilidad de sentarse, escucharse y construir una salida.

Tampoco esquiva la discusión de fondo: «Nos gustaría que haya una Justicia más rápida, una Justicia más expeditiva. Hay que empezar a buscar alternativas para que los plazos de los juicios empiecen a cortarse.» Para él, esta crisis también puede convertirse en una oportunidad para revisar un sistema que ya reclamaba transformaciones estructurales antes de que el conflicto estallara.

Ana Lucía Rodríguez: «Llegamos a ejercer con más incertidumbres que certezas»

La flamante presidenta de la Comisión de Jóvenes Abogados aporta una perspectiva distinta: la de quienes comienzan a construir su profesión en uno de los contextos más desafiantes que se recuerden. «Yo creo que sin dudas todos llegamos a ejercer la profesión con más incertidumbres que certezas», sostiene, y aclara enseguida que esas incertidumbres no se explican únicamente por el conflicto judicial: «Estamos en un momento también de crisis institucional, política, económica, cultural y demás factores que influyen sin dudas en el ejercicio profesional.»

Rodríguez coincide con Fernández en un punto central: el principal damnificado es el justiciable. «Es nuestros clientes, la comunidad en general, porque se encuentra afectado seriamente el servicio de justicia.» Pero incorpora una dimensión propia: la importancia de no atravesar la profesión en soledad. «Vuelvo a remarcar la importancia de tener un espacio donde canalizar eso, donde consultar, donde poder encontrar pares que están atravesando la misma situación.» Su propuesta no es resignación, sino comunidad: «La idea es incentivar y motivar a que no bajen los brazos, a que sigan intentándolo, a que nos agrupemos y asociemos entre colegas.»

Reafirma además la postura institucional del Colegio: «Entendemos que el primer paso para intentar solucionar un conflicto o aproximar a las partes es el diálogo. Nos mantenemos en esa postura; no tomamos parte por ninguna de las partes.» Para ella, la convocatoria del 9 de junio cumplió un objetivo concreto: «Se logró visibilizar la preocupación.» Una frase breve que resume el desafío que hoy enfrenta toda una generación de profesionales que ejerce en medio de la incertidumbre.

Juan Boni: «No nos vean como el obstáculo»

Juan Boni se define, antes que nada, como trabajador. Es ujier y notificador judicial en Río Cuarto: el encargado de llevar las resoluciones a los domicilios, papel por papel, para garantizar que las personas conozcan sus derechos. «Somos el nexo directo entre las decisiones de los jueces y los ciudadanos», explica. Desde ese lugar concreto construye su mirada gremial, que nace, según describe, de la misma vocación de servicio que lo lleva a golpear puertas todos los días: «Un poder judicial que cuida a sus trabajadores es un poder judicial que le sirve mejor a la comunidad.»

Sobre el origen del conflicto, Boni es directo: el reclamo no es un capricho, sino la consecuencia de una mesa de diálogo que hoy está rota. Los judiciales de Córdoba sostienen un pedido que considera legítimo —dignidad salarial, respeto a la carrera laboral, mejores condiciones de trabajo cotidianas— y que durante meses no encontró respuesta del otro lado. «Hay una preocupante falta de voluntad de diálogo tanto por parte del Tribunal Superior de Justicia como del Ejecutivo provincial», sostiene. Cuando quienes deben garantizar las leyes y gestionar la provincia cierran los canales de comunicación, no queda otro camino que la protesta.

Boni no desconoce el sufrimiento ajeno. Sobre la frustración de los abogados con clientes esperando respuestas, es contundente: «Comprendo y comparto absolutamente su frustración. Detrás de cada expediente hay una persona esperando una respuesta que a veces no puede aguardar más.» Pero pide que se redefina el lugar desde donde se mira a los trabajadores judiciales: «No nos vean como el obstáculo, sino como el termómetro de una justicia que necesita soluciones urgentes de quienes la dirigen.»

Sobre el gesto del Colegio de Abogados, su mirada es respetuosa pero exigente. Entiende la preocupación de la entidad por cómo la situación prolongada afecta el ejercicio profesional de sus matriculados. Sin embargo, considera que el paso debe profundizarse: «No se trata solo de pedir un diálogo abstracto; se trata de tomar partido por la realidad de la justicia.» Para Boni, los trabajadores judiciales están en una posición de desventaja frente a sus empleadores —el TSJ y el Ejecutivo provincial— y necesitan que instituciones con peso, como el Colegio, presionen activamente. «Si el Colegio ayuda a presionar a quienes tienen la lapicera y el poder de decisión, entonces sí va a ser el puntapié para destrabar el conflicto y devolverle la normalidad a la justicia de Córdoba.»

Lo que más se destaca en su discurso no es el enojo, sino la convicción. «Cuando uno tiene la convicción absoluta de que está peleando por lo que es justo, el conflicto no se sufre, se sostiene con orgullo», sostiene. Lo verdaderamente difícil, asegura, no ha sido el desgaste ni las críticas, sino digerir la insensibilidad de las autoridades que miran para otro lado. Sobre cómo quiere que se recuerde este momento, es enfático: «Que se nos recuerde como la generación de judiciales que no peleó por un beneficio individual, sino por el respeto a nuestra carrera y el sustento de nuestras familias. La dignidad no se negocia.»

Melina Brol: «Le pusimos voz a trabajadores que no se sentían representados»

Hace un año, cuando este conflicto recién comenzaba a hacerse visible, Melina Brol era una de las caras más reconocibles de los judiciales autoconvocados. Hablaba entonces de salarios deteriorados y de la necesidad de ser escuchados. Doce meses después, el reclamo sigue abierto, pero algo cambió: lo que nació como una autoconvocatoria espontánea se transformó en una organización con identidad propia. «Desde el año pasado se conformó La Judicial. Somos la mayoría de los autoconvocados del año pasado más nuevos compañeros», explica. La frase habla de permanencia: una protesta que no se agotó en el enojo coyuntural, sino que encontró estructura y representación.

Brol insiste en que el reclamo excede cualquier simplificación salarial. Habla de recomposición de haberes, de carrera judicial, de reconocimiento y de condiciones laborales concretas. Apunta específicamente al artículo 5 de la Ley 11.087 y al descuento que, según explica, supera el veinte por ciento del salario de bolsillo. Describe una realidad poco conocida desde afuera: trabajadores judiciales por debajo de la línea de pobreza, empleados que deben afrontar de su propio bolsillo las capacitaciones que exige la carrera judicial y que, además, tienen vedada la posibilidad de ejercer la abogacía en forma paralela para complementar sus ingresos. «No alcanza. Estamos perdiendo capacidad de compra», resume.

El mayor logro que identifica, sin embargo, no es económico. Es político. Es humano. «Le pusimos voz a trabajadores que no se sentían representados.» En su relato conviven dos emociones que parecen contradictorias: esperanza por haber construido una herramienta colectiva donde antes había dispersión, y agotamiento porque, pese al tiempo transcurrido, las respuestas siguen siendo insuficientes.

Brol también considera importante desmontar una idea instalada socialmente: la de una Justicia completamente paralizada. Aclara que, incluso durante las medidas de fuerza, existen servicios mínimos garantizados y tareas esenciales que continúan prestándose. El conflicto, sostiene, nunca implicó abandonar la responsabilidad con la comunidad.

Sobre quién tiene hoy la posibilidad de destrabar la crisis, su respuesta no admite simplificaciones. El

Ejecutivo provincial tiene incidencia directa en las decisiones presupuestarias y salariales, pero el Tribunal Superior de Justicia tampoco puede limitarse a observar desde afuera. «El TSJ puede intervenir, abrir canales y abogar por sus trabajadores», sostiene. La solución, insiste, exige voluntad política e institucional de ambos sectores: no alcanza con señalar responsabilidades ajenas.

Lo que hay hoy

Junio está terminando. La mayor tensión se vivió en los primeros días del mes, con Tribunales prácticamente paralizados y un malestar que ya no podía disimularse. Hoy, después de meses de reclamos y de un punto de quiebre que pareció no tener salida, todo indica que la tan solicitada mesa de diálogo finalmente comenzó a darse entre los trabajadores judiciales, el Tribunal Superior de Justicia y el Poder Ejecutivo provincial.

Mientras las negociaciones avanzan lentamente, los expedientes siguen acumulándose y las respuestas continúan demorando. El conflicto parece haber entrado en una nueva etapa: la del diálogo. Si esa instancia alcanza para devolverle normalidad al servicio de Justicia todavía es una incógnita. Lo único claro es que, detrás de cada día de demora, hay ciudadanos esperando que el sistema vuelva a funcionar.

Por Abogada Noelia A. Chamorro

MP 2-1984