La impotencia jurídica frente al silencio que archiva

Una mujer adulta entra a mi estudio. Me habla en voz baja, con esa mezcla de valentía y temblor que solo reconocemos quienes llevamos años escuchando historias de injusticia. Fue abusada en su infancia. Nunca habló. Hasta hoy. No quiere venganza ni escándalos. Solo justicia. Que su verdad no se pierda. Que alguien, por fin, la escuche.

Presentamos la denuncia. Aportamos todo. Y rápido, muy rápido, nos devuelven un archivo. No porque mienta. No porque falten pruebas. No. Porque «pasó demasiado tiempo». Porque el Código Procesal Penal de Córdoba, con sus formalismos y estructuras de otro siglo, impide al juez investigar si dos fiscales coinciden en la prescripción. El sistema cierra sin escuchar. Sin preguntar. Sin dejar hablar.

Ahí es donde el derecho me duele. Porque lo amo. Porque lo elegí. Pero cuando lo veo funcionando como una máquina fría, que pisa lo humano, se me atraganta. El derecho sin alma puede ser tan cruel como el silencio del abuso. Cuando el derecho calla, legitima el olvido.

La Ley 27.206 trajo esperanza con la imprescriptibilidad penal en abusos a menores. Pero en Córdoba, seguimos aplicando un código que no conversa con esa ley. Nos encontramos frente a un derecho que no evoluciona con las necesidades humanas, que no actualiza su empatía ni su vocación de justicia.

La jurisprudencia internacional nos llama a repensar la prescripción cuando la víctima no pudo denunciar a tiempo por miedo o manipulación. En este caso, el temor a no ser creída y el vínculo con un miembro de las fuerzas de seguridad paralizó durante décadas cualquier posibilidad de denuncia. Ese contexto debe importar. Debe pesar.

El denunciado continúa hoy prestando servicios en una fuerza de seguridad nacional. A pesar de la denuncia, y del archivo decretado por prescripción, el acusado permanece activo en la Policía Federal Argentina.

Me enseñaron que el derecho era la herramienta para hacer justicia. Pero hay casos donde el derecho no alcanza. No porque no exista, sino porque no comprende. Porque no fue pensado para lo que duele lento. Y entonces queda viejo, corto, rancio. Incapaz de proteger.

¿Qué hacemos entonces los abogados? ¿Nos resignamos? ¿Archivamos también nuestras ganas de luchar? Yo no. No puedo. Y no quiero. Por eso contamos la historia en cada foro posible. Porque si la Justicia no escucha, nosotros no vamos a dejar de hablar.

Y no es solo por esta víctima. Es por todas. Por las que callan, por las que denuncian tarde. Porque el miedo a hablar, a romper vínculos, a no ser creídas, no debería prescribir. La vergüenza de una justicia que llega tarde debería doler más que el recuerdo.

Detrás de cada archivo hay una historia. Detrás de cada decreto, una vida. El derecho no puede seguir midiendo el dolor con cronómetros. Tiene que abrir la cabeza, el corazón y el procedimiento. Porque si la ley se convierte en un sistema que archiva sin oír, lo legal se transforma en injusto.

Como abogada. Como mujer. Como madre. Creo profundamente que las leyes que no protegen deben cambiarse. Que las estructuras que callan deben denunciarse. Y que los silencios deben romperse con palabra, con acción y con verdad.

La ilusión de justicia duró poco más de dos años. Desde la denuncia penal del 10 de abril de 2023 hasta el dictamen de archivo del 12 de mayo de 2025, el recorrido fue breve, pero para la víctima representó una eternidad de espera, esperanza y desilusión. El archivo no se dictó por falsedad ni falta de prueba, sino porque el Estado no supo —o no quiso— adaptar sus herramientas al tiempo real de las víctimas.

¿Y ahora qué? Ahora hay que seguir. Exigir un nuevo Código Procesal Penal que contemple la posibilidad de verdad sin condena, que dé espacio a un juicio simbólico, reparador. Que no le tema a las palabras, a la memoria ni a la verdad.

Saber que alguien nos cree, que alguien investiga, que un tribunal escucha, aunque no pueda condenar, ya es más de lo que miles han tenido. Y no es poco. Es el piso mínimo de una justicia con perspectiva humana.

Frente a eso, la respuesta es no callar. Es seguir reclamando procesos que escuchen. Que comprendan que la justicia no siempre implica castigo, pero siempre exige memoria, palabra y reconocimiento.

No vamos a callar más. Que el dolor no nos paralice. Que nos empuje. Que nos una. Que nos encuentre pensando, diciendo, reclamando. Porque cuando el derecho no alcanza, todavía nos queda la voz.

IG: @nacha.morro

@chamorrodadoneyasociados